Es conocido por todos que el régimen establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública regula todo lo relativo al sistema de ingreso, clasificación, ascenso, traslado, suspensión, régimen disciplinario y retiro de los funcionarios públicos.

Tomando en consideración esta afirmación, se origina la pregunta que titula este tema: ¿Cuales son los beneficios laborales del funcionario público?

La interrogante surge como consecuencia de la confusión existente entre los derechos del funcionario público, que son propios de la relación de empleo público, con aquellos beneficios que forman parte de una relación patrono-trabajador regulados por la Ley Orgánica del Trabajo

Para entender la respuesta, primero es necesario comprender que independientemente de la relación laboral existente (patrono-trabajador o Estado-funcionario) el trabajo es un hecho social reconocido universalmente como un conjunto de principios y garantías constitucionales que amparan a todas aquellas personas que se encuentren en una situación de prestación de un servicio personal en favor de otro. Bajo esta óptica, la respuesta a la interrogante es que el sistema de beneficios laborales del funcionario público corresponde a ser el mismo que ampara a todos los trabajadores por igual en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Para reforzar lo antes dicho, el profesor Ramón Alfredo Aguilarespecialista en Derecho del Trabajo, tiene una opinión que básicamente resume todo de la siguiente forma:

“…la Constitución vigente sólo limitó la regulación estatutaria a cinco (5) aspectos de la relación de empleo público, específicamente atinentes a la “carrera administrativa”, mientras que al consagrar los derechos laborales lo hizo de manera absoluta y sin limitaciones, siendo que expresamente dispuso su aplicación en aquellos aspectos o instituciones laborales que históricamente reflejan dudas en cuanto a su extensión o aplicación al régimen de la función pública, como ocurre con el ejercicio de la libertad sindical (derecho a la sindicalización, contratación colectiva o huelga), con lo que se trasladó o reconoció en la función pública, instituciones que conforman el corazón mismo del derecho del trabajo.” (Aguilar, El carácter jurídico laboral de la función pública)

En función de lo antes citado, el sistema de beneficios regulados por la Ley Orgánica del Trabajo se ha extrapolado al ámbito de la función pública y constituyen un conjunto de derechos que se suman a los que son propios de la relación estatutaria.

Entre los más importantes tenemos los siguientes:

Seguridad social: Es obligación del Estado garantizar la seguridad social de todos los ciudadanos a través de los mecanismos necesarios que garanticen los medios de subsistencia de las personas que por algún motivo han perdido sus fuentes de ingreso y se encuentran desempleados. En el caso de la Administración Pública, el Estado debe velar porque el sistema de seguridad social abarque a todos los funcionarios públicos a través del disfrute de la pensión de retiro y su respectiva jubilación.

Prestación de antigüedad: Los funcionarios públicos gozarán de los mismos derechos de todos los trabajadores contemplados en la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo en cuanto a la forma de percibir la prestación de antigüedad y las condiciones para su obtención. En este caso, no existe ninguna diferencia entre los empleados del sector público y los trabajadores del sector privado.

Protección a la maternidad: Las funcionarias públicas en estado de gravidez gozarán de la protección integral consagrada en la Constitución y de la inamovilidad laboral prevista en la Ley Orgánica del trabajo. Por lo tanto, toda mujer que se encuentre en su periodo de pre o postparto no podrá ser removida, retirada, trasladada o desmejorada en sus condiciones de trabajo, incluyendo el derecho a percibir remuneraciones. Con la excepción de que incurra en causas que lo justifiquen y que sean debidamente probadas y demostradas en un procedimiento administrativo disciplinario.

Derecho a la sindicalización. Los funcionarios públicos de carrera tendrán el derecho a organizarse sindicalmente. Sin embargo, esta figura es de difícil aceptación para el propio Estado. Sobre este tema, existen diversas opiniones a favor y en contra, pero siguiendo el argumento del profesor Manuel Rojas Pérez, el derecho a la sindicalización del funcionario público se debe a la viabilidad que tiene el mismo de formar parte de una confederación de trabajadores de la Administración Pública y lograr obtener beneficios remunerativos a través del derecho a la negociación y posterior suscripción de  convenciones colectivas.

Sin embargo, el derecho a la sindicalización para el funcionario público, tiene sus límites formales cuando  es tomado en cuenta el interés general de todos los ciudadanos de exigir un servicio público de calidad, en consecuencia el derecho a la huelga se restringe a que es válido siempre y cuando no interrumpa el buen funcionamiento del servicio que presta la administración pública, so pena de responsabilidades administrativas y penales.

Por: Jaime Ponce

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 Contenido:

Principios Generales

La relación de empleo público.

El carácter estatutario de la relación de empleo público.

El trabajo como hecho social

La relación patrono-trabajador en la Administración pública

El contrato de trabajo en el empleo público.

Suspensión de la relación laboral.

Culminación de la relación laboral.

La estabilidad Laboral.

Derechos Laborales en favor de los funcionarios Públicos

Bonificación de fin de año.

La prestación de antigüedad.

El derecho a la sindicalización.

La convención colectiva.

Sistema de seguridad social.

 

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