Por: Jaime Ponce

Recientemente, me he visto en la imperiosa necesidad de revisar los cambios suscitados en el área de la función pública como consecuencia de la aplicación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT), a fin de formular un programa de formación que he denominado “Administración Pública y Legislación Laboral”, del cual surgió posteriormente un e-book que puedes descargar en el siguiente link:

Guía básica sobre Legislación Laboral

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La experiencia en los dos últimos cursos dictados ha sido realmente un aprendizaje para mí por dos razones fundamentales: Mí poco conocimiento del área laboral y mi preferencia por defender a capa y espada el campo de la  Función Pública.

El derecho laboral, inserto en las instituciones públicas del Estado durante los últimos  10 años, nos conduce a comprender que existe uniformidad dentro del entorno de la realidad social de quienes se desempeñan como empleados del sector público, sin importar la condición jurídica (personal contratado, obrero o funcionario público de carrera o de libre nombramiento y remoción). En este sentido, la concepción universal del trabajo como  hecho social, garantizado por nuestra Constitución, define al trabajador como la especie y a la Administración Pública como el género.

He sido claro en otras oportunidades al opinar que el ingreso a la función pública es únicamente por la vía del concurso público, de conformidad con la Constitución y la Ley del Estatuto de la Función Pública (LEFP), sistema que desde el año 2002 pretendió corregir el vicio generado por la mala aplicación de la antigua Ley de Carrera Administrativa, donde un alto porcentaje de personas contratadas por el Estado fueron progresivamente consiguiendo su estabilidad como funcionarios públicos de carrera mediante  una vía irregular. No obstante, actualmente nos encontramos ante un retorno del viejo esquema nacido dentro del seno de nuestra idiosincrasia contemporánea, sólo que en este caso, se ha incorporado progresivamente el derecho laboral, en la Función Pública.

Lo antes planteado, deriva de las propias garantías constitucionales que han hecho posible materializar nuestra legislación venezolana dentro de la Administración Pública, incorporando los derechos laborales de los trabajadores como derechos subjetivos. Ante esta realidad, el Estado como ente tutelar se ha hecho cargo de que no exista distinción alguna entre el funcionario de carrera, el personal obrero o el contratado.

A fin de contextualizar lo antes narrado, analicemos brevemente algunas situaciones que actualmente se presentan:

No es para nadie un secreto que un amplio margen de personas contratadas por la Administración Pública asumen actualmente funciones propias de un cargo de carrera, en total contrariedad a lo especificado en la LEFP en sus articulo 37 y 38.

La aceptación tácita a esta práctica y el olvido en el tiempo de aplicar el concurso público, ha generado un marco atentatorio contra la estabilidad absoluta del funcionario de carrera. Siendo éste desplazado por la inamovilidad laboral del contratado amparado por el marco normativo de la LOTTT.

Por si esto fuera poco, en un caso hipotético de que la Administración Pública, valiéndose del principio de autotutela quisiera revertir esta situación, nos encontramos con dos posibles escenarios que se presentan de forma simultánea: 1. Por un lado, tenemos que la tácita aceptación con el tiempo del personal contratado ejerciendo funciones propias de un cargo de carrera genera para ellos derechos subjetivos difíciles de revertir por la vía administrativa. 2. Por otro lado, tenemos el principio de la supremacía de la realidad laboral sobre cualquier forma o apariencia de contrato. Esta última, con más fuerza que la primera.

Lo más interesante de la situación en cuestión es que el embrollo lo propicia el propio Estado, es éste quien a sí mismo se ata de las manos (porque es el sujeto empleador) al crear su propio sistema (quien a sí mismo se encarga la tutela del derecho laboral) e incorporarlo dentro del campo de la Función Pública.

Todas estas situaciones, han sido consideradas por quien suscribe como la progresiva laborización de la Administración Pública. Sin embargo, aún queda más por venir, a futuro el derecho laboral se trasladará a todos los campos de la Función Pública. Reclamando su propia jurisdicción para así desplazar a los tribunales contencioso administrativo. Así mismo, incorporará la indexación sobre las prestaciones sociales y ampliará el periodo de prescripción de 90 días, establecido en la LEFP, por el de 10 años para accionar judicialmente, establecido en la LOTTT. Hasta entonces, me prepararé para un nuevo articulo sobre el tema procesal.

¿Deseas conocer más sobre el tema?

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Guía práctica sobre legislación laboral

 Contenido:

Principios Generales

  • La relación de empleo público.
  • El carácter estatutario de la relación de empleo público.
  • El trabajo como hecho social

La relación patrono-trabajador en la Administración pública

  • El contrato de trabajo en el empleo público.
  • Suspensión de la relación laboral.
  • Culminación de la relación laboral.
  • La estabilidad Laboral.

Derechos Laborales en favor de los funcionarios Públicos

  • Bonificación de fin de año.
  • La prestación de antigüedad.
  • El derecho a la sindicalización.
  • La convención colectiva.
  • Sistema de seguridad social.

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