Responder a esta pregunta no resulta nada difícil, ya que la respuesta se encuentra en el articulo 39 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que estipula:

“En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la función pública” 

Ahora bien, esto en la práctica podría tornarse confuso cuando suceden situaciones generadas por la propia Administración Pública que tienden a entrelazar las labores de un funcionario público de carrera con las de un contratado. Para una mayor comprensión, veamos un caso práctico:

En el año 2010, fue interpuesta una querella funcionarial por parte del ciudadano Ángel González contra la antigua oficina de administración de divisas CADIVI, alegando que era funcionario público, cuyo ingreso formal a la Administración Pública Nacional se produjo en el año 2004 hasta mediados de 2010 prestando sus servicios de forma ininterrumpida, inicialmente como Analista en el Área de Liquidación y con posterior ascenso al cargo de Analista Operativo II adscrito a la Gerencia de Seguimiento y Control Operacional de CADIVI.

Señala que el nombramiento devino luego de haberse vencido los sucesivos contratos de servicios profesionales suscritos, el primero por un mes, el segundo por un tiempo de dos meses y medio y el tercero por un tiempo de tres meses. En total seis (6) meses y quince (15) días.

A mediados del 2007 alega que fue ascendido al cargo de Analista Operativo II cumpliendo funciones que son propias de un cargo de carrera,  en cuyo ejercicio se encontraba para el momento que fue removido de su cargo

Por su parte, CADIVI argumenta que emitió una notificación mediante la cual informó al demandante la decisión de “…prescindir de sus servicios a partir de la presente fecha, de conformidad con lo establecido en la cláusula quinta, numeral 2), literal b) y numeral 4) de su contrato de trabajo, en concordancia con los literales f) e i) del artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo”.

El Juez Contencioso Administrativo declaró que  la Administración Pública lo que hizo realmente fue dar por terminado anticipadamente un contrato de trabajo, al estimar la existencia de un incumplimiento en las obligaciones derivadas del mismo por parte del trabajador. De modo que no se trató de remoción o destitución, ni se le otorgó trato alguno como funcionario público, del cual pudiera derivar alguna de las figuras jurídicas invocadas por el demandante.

Sin embargo, este caso resulta un poco confuso ya que es necesario analizar la situación del ingreso a la Administración Pública para determinar si efectivamente se trata de un funcionario de carrera tal como alega Ángel González.

El ingreso a la Función Pública:

Según la Ley del Estatuto de la Función Pública, son funcionarios de carrera en la Administración Pública quienes hayan ingresado mediante nombramiento por parte de la máxima autoridad del organismo, previo cumplimiento de los siguientes requisitos formales:

  1. Ser venezolano y mayor de 18 años.
  2. Poseer un título de educación media diversificada.
  3. No estar sujeto a interdicción civil o inhabilitación política.
  4. No gozar de jubilación o pensión otorgada por el Estado, con la excepción de aquellos que ejerzan cargos de alto nivel .
  5. Reunir los requisitos correspondientes al cargo que ostenta.
  6. Cumplir con todos los requisitos de ingreso establecidos en la Ley y el Reglamento previamente publicado por la oficina de recursos humanos.
  7. Haber realizado la respectiva declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la República.

Así mismo, el optante debe haber aprobado el respectivo concurso público y que la evaluación del superior inmediato haya resultado satisfactoria una vez cumplido con el período de prueba de seis meses.

También se considerará que el aspirante  ha ingresado definitivamente a  la función pública, cuando transcurrido el periodo de prueba no haya sido evaluado oportunamente, lo cual se convierte automáticamente en una aceptación Tácita.

¿Ingresó Ángel González como funcionario de carrera?

Lo anteriormente explicado nos lleva a concluir que no ingresó como funcionario de carrera por cuanto su relación de empleo con CADIVI se limitó a la suscripción de sucesivos contratos de carácter laboral, forma jurídica no correspondiente al nombramiento para un cargo de carrera y mucho menos una forma de ingreso a la función pública.

De esta forma, es indiscutible que el demandante no ingresó en calidad de funcionario público de carrera, tal y como él lo aseveró, sino como personal contratado. Por tal motivo, su demanda fue declarada “Sin Lugar” por el Tribunal.

No obstante, la breve exposición de este caso nos deja un llamado de atención para la Administración Pública en general ya que se dispone del contratado para realizar funciones correspondientes a los cargos de carrera previstos en la Ley en lugar de optar por el concurso público. Cuestión que ha originado a lo largo del tiempo una situación irregular en el ámbito de la función pública, donde los contratados superan en número a los funcionarios de carrera. Por tal motivo, es de suma importancia la creación de un instituto autónomo encargado del sistema de administración de personal de toda la Administración Pública a través de mecanismos de control que permitan vigilar el correcto funcionamiento del sistema de ingreso a la función pública.

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