Por: Jaime Ponce

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  establece una serie de principios que, de forma general, Prohíbe ciertas actividades a realizar por los funcionarios públicos.

Es así, como el mandato constitucional establece el deber de los funcionarios públicos de estar al servicio exclusivo del Estado, sin ningún tipo de parcialidad política y/o a  favor de empresas del sector privado que pretendan realizar contratos con la República. Esto implica, que el nombramiento de un funcionario público en cualquier cargo de carrera o de libre nombramiento y remoción no puede estar determinado por afiliación u orientación política.

En resumen, quien pretenda ostentar un cargo al servicio de la Administración Pública estadal, municipal y nacional  no podrán celebrar contrato alguno con el Estado ni personalmente, ni por interpuestas personas.

La Ley del Estatuto de la Función Pública en su articulo 34 ha recogido este mandato constitucional y ha establecido taxativamente tres tipos de prohibiciones para el funcionario público de la forma siguiente:

1-.Celebrar contratos con el Estado: Todo funcionario no podrá intervenir de forma directa o indirectamente en las gestiones que realicen las personas (naturales o jurídicas) que pretendan celebrar cualquier contrato con cualquiera de las instituciones de la Administración Pública nacional, estadal o municipal.

2-. Realizar cualquier tipo de propaganda política: ya que los funcionarios públicos no están al servicio de parcialidad política alguna y Su nombramiento y remoción no podrá estar determinado por afiliación u orientación política.

3-. Aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin previa autorización: Esto se debe principalmente a la lealtad de todo funcionario público con los valores y principios del Estado democrático. Por ende, la aceptación de cargos, honores o recompensas de otros gobiernos sin la previa autorización de la Asamblea Nacional podría considerarse como un delito de traición a la patria y causal de sanción administrativa de destitución.

Por otra parte, el articulo 20 de las Normas sobre Publicidad y Propaganda Electoral del año 2006, establece la prohibición de los funcionarios públicos de actuar en ejercicio de la función pública, orientados u orientadas por sus preferencias políticas, a favor o en detrimento de cualquier organización con fines políticos, grupos de electores o electoras, o candidatura presidencial. También prohíbe hacer publicidad y propaganda electoral en sus sitios de trabajo y demás dependencias públicas y a usar los locales donde funcione una dependencia gubernamental con fines de proselitismo político.

Así mismo, prohíbe incorporar cualquier tipo de propaganda y publicidad electoral a favor o en contra de cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial en la información sobre las obras públicas y en los mensajes y alocuciones oficiales. Utilizar o permitir que otra persona utilice bienes del patrimonio público en beneficio de cualquier organización con fines políticos, grupos de electores  o candidatura presidencial.

Por ultimo, los funcionarios públicos de alto nivel (Presidentes, Ministros, Viceministros, etc.), no podrá utilizar su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato o candidata presidencial, organización con fines políticos o grupos de electores o electoras y aprovechar las funciones que ejerce o usar las influencias derivadas de las mismas para obtener ventaja o beneficio económico u otra utilidad, para cualquier organización con fines políticos o candidatura presidencial.

¿Cómo funcionan estas prohibiciones?

La imparcialidad política y la preferencia de intereses personales sobre los del Estado ha sido el punto de mayor controversia en toda la historia de vida republicana o de toda la Administración Pública, ya que difícilmente nuestra realidad nacional nos permita ver con cristalidad a funcionarios públicos actuando de forma neutral y en beneficio del Estado.

Podríamos llenar páginas enteras y discutir sobre este tema, pero solo quiero resaltar en este pequeño articulo dos opiniones en diferentes tiempos que a juicio de quien suscribe ha definido el ejercicio de la parcialidad política en la administración pública venezolana:

Por su parte, Brewer Carías, a mediados de la década de los ochenta publicó en su obra “El estado incomprendido” la siguiente opinión:

“…normalmente hay una politización interna de la Administración. En esa situación, no es que haya un control externo del partido sobre la Administración, sino que el partido actúa, internamente, a través de los funcionarios. Estos, normalmente, deben ser militantes del partido, produciéndose en general una confusión de roles entre el militante político y el funcionario público. Así en los diversos períodos de la vida política, indistintamente, el partido puede estar al servicio de la administración o viceversa.”

En el marco de la realidad política contemporánea, hace poco más de diez años  el Dr Carlos Luis Carrillo formuló la siguiente opinión:

“Es significativo resaltar que la posición asumida por el ordenamiento jurídico venezolano es una posición intermedia entre dos tesis previstas en el derecho comparado, las cuales polarizan dos visiones totalmente contrapuestas. Por un lado, emerge la tesis de las llamadas “democracias populares”, típicas de los ordenamientos jurídicos de corte comunista, en donde el servidor público debe inexorablemente por inscripción previa y membrecía formar parte del “Partido” del Estado, el cual es por lo general único. En contraposición aflora la tesis de algunos países europeos, en los cuales el servidor público debe abstenerse de cualquier tipo de actividad política, por lo cual deberá renunciar radicalmente a pertenecer en manera alguna a cualquier partido o agrupación política, o ejercer cualquier actividad proselitista.”

Recogiendo ambas opiniones, concluimos que históricamente la imparcialidad política ha sido un tema de imposible cumplimiento en el plano de las prohibiciones que establece la Constitución, el estatuto de los funcionarios públicos y las normas electorales, ya que resulta completamente inviable su materialización por las características que presenta en la práctica, donde la actividad partidista se confunde con el ejercicio de las funciones públicas. Lo cual origina una segunda consecuencia: Que los intereses personales se sobrepongan a los del Estado, no solo en el ámbito de las funciones públicas sino en todos los factores de la vida nacional.

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