La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en fecha 09 de mayo de 2000, identificó cuatro formas de responsabilidad del funcionario público en  el ámbito de la función pública. He aquí la siguiente clasificación:

La responsabilidad civil: Se sintetiza en la acción que puede intentar cualquier particular contra el funcionario público a fin de reclamar la indemnización por los daños causados como consecuencia de una conducta indebida en el ejercicio de sus funciones públicas o por el contrario la acción por parte del Estado denominada “Acción de regreso”, que ocurre en los casos en que la Administración pública ya indemnizó al particular por los daños y perjuicios ocasionados por el servidor público.

La responsabilidad penal: Se produce cuando la acción cometida por el funcionario público se encuentra tipificada como un delito, conforme a lo establecido en el Código Penal o en la Ley Contra la Corrupción. La responsabilidad penal acarrea la sanción de privación de la libertad en la medida en que un órgano de la justicia ordinaria penal produzca la sentencia correspondiente. De acuerdo con la jurisprudencia, esta responsabilidad puede estar causada directamente por un hecho ilícito contra el Estado o contra un tercero.

La responsabilidad administrativa: Se origina cuando existe un dictamen firme por parte de la Contraloría General de la República como consecuencia de un mal manejo, incumplimiento de deberes formales, la omisión de actuación administrativa o la actuación ilegal (no de carácter penal) por parte del funcionario público de las normas y manuales de procedimientos, previamente investigado por parte de la oficina de Auditoria Interna del respectivo órgano público. Este tipo de responsabilidad, una vez comprobada, produce los efectos de suspensión temporal del ejercicio de la función pública o multa determinada en unidades tributarias según la gravedad del caso.

La responsabilidad disciplinaria: Se origina de la previa comprobación de una conducta tipificada en la Ley del Estatuto de la Función Pública como causal de amonestación o de destitución según la gravedad del caso. La sanción en este tipo de responsabilidad es la amonestación escrita o la destitución del funcionario del ejercicio de la función pública. En este último caso, la destitución puede derivar de una de las tres responsabilidades antes mencionadas, la sanción, previo el debido proceso, es impuesta por la máxima autoridad del organismo.

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