En todos los lugares donde me ha correspondido hablar sobre el tema del régimen jurídico de los empleados públicos nunca falta la pregunta inquietante de un participante (que por lo general labora para la administración pública como contratado) sobre si éste debe renunciar a su contrato de trabajo para poder concursar a un cargo público.

En principio, la respuesta en torno al caso era simple: “no es necesario renunciar”. No obstante, en mi última conferencia comencé a preocuparme ya que al parecer se ha creado lo que yo llamo un efecto mitológico que ha trascendido a lo preceptuado en la Ley del Estatuto de la Función Pública  en lo referente al sistema de concurso público. Situación que  me ha motivado realizar este breve  articulo.

Para que quede claro de una buena vez: No existe regimen legal que obligue al contratado a renunciar a su contrato laboral como requisito prevío para optar a un cargo en la Administración Pública.

Esta irregularidad surgió a lo largo del tiempo en virtud de que ha prevalecido el contrato laboral como forma de empleo público, aun cuando la Ley del Estatuto de la Función Pública claramente establece en su articulo 37 que sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por un tiempo determinado.

Sin embargo, hoy en día es público y notorío que cerca de un 75% de los empleados públicos, ademas de ser contratados, realizan funciones correspondientes a los cargos de carrera a pesar de la prohición que el segundo aparte del articulo antes citado establece claramente de la siguiente forma:

“Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes a los cargos previstos en la presente Ley.”

Lo antes planteado ha significado una vuelta atrás, cuando el régimen de la antigua Ley de Carrera Administrativa estuvo sumergida en un mar de contratados que prestaban servicios para la Administración Publica y su estabilidad  laboral estaba garantizada por la Ley Orgánica del Trabajo, aun cuando desempeñaban funciones que eran propias del funcionario público. Actualmente, la Administración Pública padece del mismo mal: Empleados contratados que desempeñan funciones públicas y superan en mayoría a los funcionarios de carrera.

Por otro lado, la renuncia no garantiza que el contratado pueda ganar el concurso público y éste corre el riesgo de perder la estabilidad laboral que le proporciona la Ley Organica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

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