La figura del contrato de trabajo en la administración pública excluye del régimen estatutario a todos aquellos trabajadores que ingresan bajo la modalidad de contratados. A tal efecto, las controversias que puedan suscitarse con ocasión de formular reclamos ante la vía judicial, están sujetas a las estipulaciones que establece la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su articulo 29, numeral 4, el cual señala que los Tribunales del trabajo son competentes para sustanciar y decidir aquellos asuntos de carácter contenciosos que se susciten con ocasión de las relaciones laborales como hecho social y de las estipulaciones establecidas en el contrato de trabajo. Siendo éste último el requisito indispensable para que los juzgados en materia laboral conozcan los asuntos entre el trabajador y la administración pública.

Este criterio jurídico ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Justicia en diversas oportunidades. La mas reciente sobre este asunto es la sentencia Nº 20, de fecha 07 de abril de 2010, la cual excluyó de la competencia contencioso-administrativa todas las acciones ejercidas por los trabajadores contratados por la administración pública con ocasión de la terminación de la relación laboral.

En este sentido, el articulo 89 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras señala que el trabajador podrá acudir ante el Juzgado en materia laboral cuando no estuviere de acuerdo con la culminación de la relación laboral a fin de que el Juez califique, ordene su reenganche y pago de los salarios caídos, si el despido no está fundamentado en justa causa. Sin embargo, si el trabajador deja transcurrir mas de diez días hábiles y  no acude a solicitar la calificación del despido, perderá el derecho a reenganche, sin menoscabo de su derecho a las prestaciones sociales.

Finalmente, el trabajador podrá acudir también ante la vía administrativa, por medio de la Inspectoría del Trabajo para formular cualquier reclamo de índole laboral conforme a lo establecido en el  Articulo 513 de nuestra legislacion laboral.

Por Jaime Ponce

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