La responsabilidad patrimonial, es aquella generada por todas las actividades que realiza la administración pública (hechos, abstenciones, inactividad y actos) que generan daños a un particular. Este sistema de responsabilidad es aplicable a todos los organismos públicos, e incluso, a los particulares cuando actúan en función administrativa o en misión de servicio público.

De acuerdo con el profesor Luis A. Ortiz-Álvarez, la responsabilidad “Es generada por una falta en el servicio público o por funcionamiento anormal de la Administración Pública al generar daños de cualquier naturaleza a uno o varios particulares, como consecuencia de actividades administrativas o servicios públicos en funcionamiento ilícito que tienden a irrespetar y a violar las obligaciones a cargo del Estado.”

Los daños ocasionados por la Administración Pública, como consecuencia de faltas personales de los funcionarios públicos, fueron explanados en la sentencia de la Sala Constitucional del TSJ, el 02 de noviembre de 2002, de la forma siguiente:

“…la existencia de una falta personal del funcionario no excluye directamente la responsabilidad del Estado, pues cuando esa falta concurra con el servicio o no esté totalmente desligada del mismo compromete la responsabilidad patrimonial de la Administración.”

De allí deriva la siguiente clasificación:

Responsabilidad en el servicio: Cuando el funcionario comete una acción u omisión encontrándose en pleno ejercicio de la función pública.

Responsabilidad con ocasión del servicio: Ocurre en aquellos casos en que el funcionario comete una falta concurrente con el servicio público que presta, aun cuando se encuentre fuera de su horario habitual de ejercicio de la función pública. Por ejemplo, cuando la falta ocurre en el desplazamiento desde su residencia hasta su lugar de trabajo.

Responsabilidad fuera del servicio: La falta producida por el funcionario se encuentra íntimamente ligada con el servicio público, aun cuando este no se encuentre en pleno ejercicio de sus actividades como funcionario.

El origen de la responsabilidad patrimonial del Estado y su conexión con la prestación del servicio por parte de los funcionarios públicos deriva directamente de la Constitución resumido en dos artículos importantes:

Artículo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”. (resaltado nuestro)

Artículo 139. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la ley”.(resaltado nuestro)

En suma, la falta personal del funcionario público implica la responsabilidad del Estado y la obligación de indemnizar al particular o a los particulares afectados por el daño, previa comprobación de la conexión de dicha falta personal con el servicio público, esta puede generarse como consecuencia de una falta de tipo civil, penal o administrativa.

Por Jaime Ponce

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