Este régimen jurídico en particular, es el resultado final de un conjunto de leyes que le anteceden en materia de función pública.

No es casualidad que la Ley del Estatuto de la Función Pública se promulgara en el momento oportuno, incluso, ya para su entrada en vigencia en 2002 esta llegó con retardo, debido a que la Constitución, desde el año 2000, había establecido un nuevo sistema de función pública, dejando prácticamente sin efecto la obsoleta Ley de Carrera Administrativa.

Pero la razón de ser del estatuto funcionarial actual, se remonta mucho antes, en el año 1947, cuando la Constitución de ese momento disponía que “El estado dictará un estatuto que rija las relaciones de los funcionarios y empleados públicos, en la cual se establecerán las normas de ingreso a la administración y las de ascenso, traslado y retiro.” Sin embargo, el régimen dictatorial que para ese momento gobernaba en Venezuela impidió mayores avances en cuanto a la materialización de una norma estatutaria.

Posterior a 1958, la llegada de la democracia permitió mayores avances en la tecnificación y modernización de la Administración Pública, dejando asentado en la Constitución de 1961 que se debía establecer un sistema de carrera administrativa mediante normas de ingreso, ascenso, traslado, suspensión y retiro de los empleados de la Administración Pública Nacional, además de proveer todo lo necesario para su incorporación al sistema de seguridad social.

No obstante, pasó mucho tiempo para que estos supuestos se materializaran en el ámbito jurídico. A pesar de que la Administración Pública venezolana fue paulatinamente mejorando la estructura de sus instituciones, esta no fue respaldada por instrumentos jurídicos que permitieran reforzar la seguridad de sus empleados públicos. Apenas el 14 de noviembre de 1964 se dicta el Reglamento de Administración de personal que reguló la función pública hasta 1970 cuando finalmente se promulga la Ley de Carrera Administrativa, posteriormente reformada en un par de oportunidades durante el año 1975.

Para el año 1982, se dicta el Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, pero durante los años siguientes y en la década del 90 la función pública necesitaba una urgente reforma administrativa que se adaptara a los momentos de la realidad política nacional, cuestión que solo comenzó a ser posible en el debate Constituyente de 1999.

En resumen, prácticamente desde la mitad del siglo XX hasta el preludio del siglo XXI, el sistema de Carrera Administrativa padeció los efectos de un ámbito jurídico desfasado de la realidad. Aun así, cuando el gobierno del Presidente Chávez reformó el Reglamento en 1999 y recibió la autorización por parte del entonces Congreso Nacional, mediante Ley Habilitante, para reformar la Ley de Carrera Administrativa a fin de lograr mayor eficiencia en el ámbito de la gestión pública, la reforma no fue incluida en el paquete de decretos-leyes, hubo de esperar hasta el año 2001 cuando se dicta el Primer Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley sobre el Estatuto de la Función Pública.

Por Jaime Poncenoviembre-2016-4

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