La Ley del Estatuto de la Función Pública consagra en su artículo 28 que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución, en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y su reglamento en todo lo concerniente a prestación de antigüedad y las condiciones para su percepción.
Esta estipulación legal ha sido objeto de diversas interpretaciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia con el único objetivo de dejar en claro lo que sería el sistema de prestación de antigüedad de los funcionarios públicos.
En el año 2012, la Corte Primera de los Contencioso Administrativo (CPCA) asentó que la remisión que hace el artículo 28 del sistema estatutario a la LOT debe realizarse atendiendo a la interpretación que mejor convenga y que mejor desarrolló los derechos de los trabajadores de la función pública, entre ellos, el derecho al trabajo y el derecho a percibir una prestación de antigüedad con ocasión de los servicios prestados, en concordancia con lo expresado en 2006 por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia cuando estableció que la noción de salario integral se ha desarrollado ampliamente en la derogada Ley del Trabajo de 1997 y a diferencia del salario normal se encuentra conformado por cualquiera de las prestaciones establecidas que reciba el trabajador en forma regular y permanente con ocasión de a la prestación del servicio, más las derivadas de la prestación de antigüedad, con la inclusión de las alícuotas del bono vacacional y utilidades.
Así mismo, en el año 2009, esta misma Sala dejo en claro que la prestación de antigüedad en el nuevo régimen laboral debe ser cancelado sobre la base del salario integral conformado este por todas aquellas prestaciones que reciba el trabajador en forma regular y permanente con ocasión de la prestación del servicio, conforme a lo sentenciado en el año 2006.
En suma, todo lo concerniente a la prestación de antigüedad e indemnizaciones derivadas de la terminación del vínculo laboral debe ser calculado por la Administración Pública en base al salario integral. Es decir, la prestación de antigüedad de un determinado empleado público solo es aplicable al nuevo régimen prestacional establecido a partir del artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997.

Por Jaime Ponce

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