Frecuentemente, el retardo en el pago de las prestaciones sociales por parte de la Administración Pública suele ser una situación que para el funcionario público resulta incomprensible, ya que el tiempo que transcurre desde que su retiro hasta la cancelación definitiva de lo adeudado suele tardar demasiado.

No obstante, la jurisprudencia más reciente emitió opinión sobre el asunto, La Corte Segunda de los Contencioso Administrativo emitió sentencia el pasado 28 de enero de 2014 en el caso: Yamileth Palomo vs Instituto de Vivienda y Habitad del estado Miranda, alegando lo siguiente:

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Constitución, es una obligación para el patrono pagar de forma inmediata las prestaciones sociales. Ahora bien, el retardo en el pago de las mismas siempre causará el pago de los intereses moratorios, calculados desde la fecha de retiro del funcionario de la Administración Pública hasta el efectivo pago de las prestaciones sociales, tomando en consideración lo previsto en el literal “C” del artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo de 1997.

Por Jaime Ponce

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