La presencia de la Administración Pública en un negocio jurídico implica que el mismo se encuentra inevitablemente dotado de características distintas a un contrato de carácter privado.

Por lo contrario, el contrato se encuentra sometido a reglas especiales que son propias del derecho público, distintas a las que rigen el derecho privado.

En consecuencia, la Administración Pública tiene facultades para adoptar decisiones ejecutivas sobre el incumplimiento, recisión y efectos que se puedan producir en la ejecución del contrato.

En este sentido, la Administración actúa bajo la prerrogativa de órgano del Poder Publico, del cual está investido, con fines de utilidad pública.

Te presentamos en forma resumida las potestades de las cuales dispone el Estado en la ejecución de un contrato:

  • Potestad de dirección, suspensión y control.
  • Potestad de modificación.
  • Potestad de interpretación
  • Potestad Sancionatoria.
  • De carácter pecuniario: Multas, intereses, clausulas penales.
  • De carácter Coercitivo: Forzar la ejecución del contrato.
  • Potestad de rescisión.
  • Por razones de legalidad.
  • A titulo de Sanción.
  • Cuando así lo exija el interés general.

Por Jaime Ponce

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