La destitución es la máxima sanción disciplinaria recibida por un funcionario público, se caracteriza por terminar con la relación de empleo público, previa demostración de culpabilidad en el procedimiento aplicable.

Los hechos por los cuales un funcionario comete una falta, que amerita destitución del cargo y de cese sus funciones, constituye una situación más gravosa que la amonestación escrita, en virtud de que el daño ocasionado por la conducta subjetiva del infractor implica un hecho irreparable que ocasiona un perjuicio material atentatorio contra el buen funcionamiento de la administración pública.

A continuación te presentamos 15 hechos tipificados en la Ley del Estatuto de la Función Pública como causales de destitución en el ejercicio de la función pública:

  • Haber sido objeto de tres amonestaciones escritas en el transcurso de seis meses: Contados a partir de haberse efectuado la primera amonestación, siempre y cuando no haya transcurrido más de 12 meses.
  • El incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo o funciones encomendadas.
  • La adopción de resoluciones, acuerdos o decisiones declarados manifiestamente ilegales por el órgano competente, o que causen graves daños al interés público, al patrimonio de la Administración Pública o al de los ciudadanos o ciudadanas. Los funcionarios o funcionarias públicos que hayan coadyuvado en alguna forma a la adopción de tales decisiones estarán igualmente incursos en la presente causal.
  • La desobediencia a las órdenes e instrucciones del supervisor a inmediato, emitidas por éste en el ejercicio de sus competencias, referidas a tareas del funcionario o funcionaria público, salvo que constituyan una infracción
    manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal.
  • La negativa por parte del funcionario a obedecer órdenes o instrucciones resulta legítima cuando se le conmina a violar flagrantemente los principios constitucionales tendientes al buen funcionamiento de la administración pública y que ello implique daño al patrimonio público y a los intereses de los ciudadanos.
  • El incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos acordados que hayan sido establecidos en caso de huelga: Las acciones colectivas de los funcionarios públicos no podrán interrumpir las actividades de la administración pública, ni podrán impedir el acceso de los ciudadanos a las instituciones.
  • Falta de probidad: Ausencia de honradez, integridad o rectitud del funcionario en el desempeño de sus funciones .
  • Vías de hecho: Supone una actuación del funcionario al margen de los deberes inherentes al cargo.
  • Injuria: Acción tendiente a ofender la reputación de una persona, valiéndose de distintos medios para hacerlo, en presencia o no del individuo ofendido.
  • Insubordinación: Representa la negativa, por parte de un funcionario, de acatar las órdenes e instrucciones de su superior inmediato.
  • Conducta inmoral en el trabajo: Acción  que viola las normas de conductas socialmente aceptadas durante la ejecución de las funciones públicas.
  • Acto lesivo: Actuaciones que van en contra del interés público y atentan contra el buen nombre o los intereses de las instituciones públicas.
  • La arbitrariedad en el uso de la autoridad que cause perjuicio a los subordinados o al servicio.
  • Perjuicio material severo causado intencionalmente o por negligencia manifiesta al patrimonio de la República.
  • Abandono injustificado al trabajo durante tres días hábiles dentro del lapso de treinta días continuos: Se da cuando el funcionario, en horas de trabajo, sin causa que lo justifique, ha salido repentinamente del lugar donde presta sus funciones, sin permiso de su superior inmediato.
  • Condena penal o auto de responsabilidad administrativa dictada por la Contraloría General de la República.

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