La querella funcionarial es el medio procesal especial que puede tener como objeto múltiples pretensiones procesales que supongan un agravio a los derechos de los Funcionarios consagrados en la Constitución y la Ley del Estatuto de la Función Pública. Es por ello que el accionante ante la instancia judicial debe cumplir estrictamente con los requisitos de forma que te presentamos a continuación. A tal efecto, el escrito que constituye la estructura de la querella debe tener lo siguiente:

1. La identificación del accionante y de la parte accionada.

2. El acto administrativo, la cláusula de la convención colectiva cuya nulidad se solicita o los hechos que afecten al accionante, si tal fuere el caso.

3. Las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance.

4. Las razones y fundamentos de la pretensión, sin poder explicarlos a través de consideraciones doctrinales. En este caso, los precedentes jurisprudenciales podrán alegarse sólo si los mismos fueren claros y precisos y aplicables con exactitud a la situación de hecho planteada. En ningún caso, expone la ley, pueden transcribirse literalmente los artículos de los textos normativos ni las sentencias en su integridad.
5. Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido. Estos instrumentos deberán acompañarse con la querella.

6. Lugar donde deberán practicarse las citaciones y notificaciones.

7. Nombres y apellidos del apoderado(a) si fuere el caso. En tal supuesto, deberá consignarse junto con la querella el poder correspondiente.

8. Cualesquiera otras circunstancias que, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, sea necesario poner en conocimiento del juez o jueza.

En cuanto a la pretensión del accionante, debemos tomar en cuenta lo ya explicado por el profesor Manuel Rojas Pérez, citando un párrafo de una de sus publicaciones:

“Entiéndase esto bien: el funcionario público que acude a los tribunales con competencia en lo contencioso funcionarial a reclamar la nulidad de la destitución de la que ha sido objeto, no busca sólo la nulidad del acto administrativo que lo retiró de la Administración Pública, sino que naturalmente tendrá como intención fundamental que se ordene el reingreso a su puesto de labores y el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta la efectiva reincorporación.”

Por Jaime Poncenoviembre-2016-4

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