La relación de supremacía especial tiene su origen en Alemania, durante la monarquía constitucional posterior a 1870, donde el Estado podía ejercer la potestad sancionatoria penal o administrativa frente a unos grupos particulares, estos son:

• Los funcionarios públicos.
• Los militares.
• Los estudiantes.
• Los presos.

Estos colectivos se encontraban sometidos a la rigurosa voluntad del Estado, sin ningún tipo de derechos, ya que sus funciones estaban directamente relacionadas con la actividad gubernamental denominada “relación de especial sujeción” o “relación de supremacía especial”.

Posteriormente, a mitad del siglo XX, se introdujeron progresivamente cambios sustanciales que flexibilizaron estas relaciones de supremacía especial a la cual estaban sometidos los funcionarios públicos, en favor de garantizar la invocación de sus derechos y garantías constitucionales frente a la actividad estatal, que hasta ese momento ejercía un poder absoluto sobre el funcionario.

En nuestra legislación venezolana, durante el siglo XX, Las Constituciones de 1961 y 1999 establecieron garantías en favor de los funcionarios públicos como sujetos de derecho. De esta forma, el Estado mantiene  una relación con sus funcionarios bajo la limitante del respeto de sus derechos constitucionales.  

Sin embargo, algunos instrumentos jurídicos especiales regularon el ejercicio de la función pública bajo la figura de supremacía especial, por ejemplo:

El Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 de la Fuerza Armada Nacional dictado por la Junta Militar de Gobierno en 1949, que contemplaba desde el arresto simple hasta el arresto en fortaleza e incluía castigos corporales a los funcionarios militares.

Mientras que el Reglamento de Régimen Disciplinario de los funcionarios del antiguo Cuerpo de Policía Judicial de 1965, establecía las normas referentes a las sanciones disciplinarias de los funcionarios pertenecientes a la categoría de policía y técnica.

Desde el punto de vista jurisprudencial, la antigua Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de fecha 13 de febrero de 1997, en el caso: Venevisión  contra la Resolución dictada por el entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones opinó lo siguiente: 

“… en el desarrollo de su actividad, la sociedad mercantil accionante (Venevisión) no se desenvuelve respecto a la Administración dentro del marco natural de relaciones ordinarias que se da entre ésta y cualquier administrado, no estando sometida como se ha visto a la simple prevalencia del interés general o colectivo en condiciones de normalidad, generalidad o igualdad, ni sumida a un genérico poder de imperio frente al que puedan ser invocadas -en toda su plenitud y contundencia- garantías como la de reserva legal de tipificación que alega vulnerada por las disposiciones que impugna (…) pues al hacerlo olvida por completo que, muy contrariamente, su condición de concesionario para la prestación de un indiscutible servicio público la coloca en un plano razonablemente distinto y más precario al descrito, caracterizado por la existencia de una auténtica relación de sujeción especial frente a la Administración a la que se vinculó voluntariamente al solicitar y obtener la concesión que hoy ejecuta, quedando así sumida en todo un régimen jurídico especial de incidentes potestades de intervención, notablemente más penetrantes que los que pudieran operar frente a un simple particular actuando en su condición ordinaria de ciudadano.”

No obstante haber detallado los anteriores antecedentes legales y jurisprudenciales, en materia de relación de supremacía especial, nuestro país no acogió tal concepto con la rigurosidad de Alemania y demás países de Europa. 

Ahora bien, los elementos que caracterizan y definen este concepto, bien pueden tomarse en consideración dentro del estudio del campo de la función pública ya que obedece a una concepción universal que forma parte del derecho constitucional. En especial, del origen de las garantías de los empleados públicos. 

Por Jaime Poncenoviembre-2016-4

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