Luego de haber sido formulada una política pública o una ley, surge el problema de la efectiva implementación o ejecución de la misma, por lo que pudiésemos estar en la mitad del camino del ciclo, lo cual a veces no es así, debido a diferentes factores que van a ser explicados.

Cuando una decisión es tomada, y va a ser implementada o ejecutada , surgen múltiples trabas para el buen funcionamiento de las políticas públicas, las cuales en principio pueden venir de la misma estructura burocrática, como es el caso del uso de los denominados controles y de diferentes instancias de aprobación, las cuales retardan y hacen engorrosa su implementación.

Asimismo la implementación de la política pública puede entrabarse, cuando los que poseen la responsabilidad de su ejecución, no están de acuerdo con la misma, esto debido a que los servidores públicos poseen estrategias para bloquear y hasta, porque no decirlo, boicotear iniciativas que sean disonantes con sus criterios técnicos en torno al problema o por su visión de la realidad política y de la forma como se está abordando, por lo que en situaciones como esta última caemos en el plano de la subjetividad.

De igual forma, en esta fase, las políticas públicas a veces no se ejecutan debido a que las mismas carecen de factibilidad y realismo en cuanto a las efectivas capacidades de respuesta tanto administrativas como presupuestarias y de los responsables de ejecutarlas, para así darle solución al problema.

Evaluación de las Políticas Públicas

Las políticas públicas como proceso cíclico reiterativo y con carácter continuo requieren de un proceso de evaluación, con la finalidad de conocer si los resultados esperados con la fase de implementación se cumplieron. Es decir, que luego de haberse problematizado un asunto y de haber sido incluido en la agenda, es necesario conocer si la situación objeto de abordaje continua, ha mejorado algo, se lograron los resultados, o si por el contrario ha empeorado, para lo cual el analista hace uso de técnicas de análisis cuantitativos, cualitativos o ambas a la vez, para así elaborar informes destinados a los encargados de reformularlas.

Lo antes expuesto, permite formar una nueva agenda para así realizar las reformas no sólo organizacionales, sino también jurídicas de ser necesario, como es el caso de reformar el marco legal, para darle mayor viabilidad a las políticas públicas.

Asimismo, para poder realizar una efectiva evaluación, la misma debería de ser incluida como un elemento de vital importancia en el diseño de la política pública, destacando que lo ideal debería ser que un ente externo, sea el que realice la evaluación de las metas cumplidas por una dependencia, como es el caso de las oficinas o gerencias de evaluación de gestión que tienen las diferentes instituciones públicas.

Esto sin dejar a un lado la importancia de las tecnologías de información en línea y del Internet, que son herramientas que permiten la publicación de informes y del uso que se le dan a los recursos públicos en la realización de obras y proyectos, lo cual le imprime transparencia a las acciones que realizan los entes públicos, debido a que el ciudadano o las organizaciones especializadas de la sociedad civil pueden verificar el real y efectivo uso de tales recursos.

Por: Carlos Villegas

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