En nuestra legislación nacional, el retiro de los funcionarios al servicio de la administración pública, se encuentra establecido en el artículo 78 de la ley del Estatuto de la Función Pública y sólo es procedente en los casos siguientes:

La renuncia: Se materializa cuando la máxima autoridad de la institución pública notifica al funcionario renunciante su aceptación por acto administrativo expreso, dentro de los quince días continuos siguientes a su recepción. A falta de respuesta, una vez cumplido el lapso indicado, se tendrá como aceptada en forma tácita. Mientras se resuelva lo conducente a la aceptación de la renuncia dentro del lapso reglamentario, el funcionario deberá permanecer en servicio activo y su incumplimiento podría acarrear la responsabilidad a que hubiere lugar.

La pérdida de la nacionalidad venezolana: Declarada por la autoridad competente, termina la relación de empleo público, ya que uno de los requisitos legales para ejercer el cargo de funcionario público es ser venezolano.

La interdicción: Declarada por el Juez Competente, de acuerdo lo previsto en el artículo 393 del Código Civil, es un estado habitual de defecto intelectual, que hace incapaz al individuo de proveer a sus propios intereses, por lo que es imposible que pueda dedicarse al ejercicio de un cargo público.

La destitución: Procede cuando el funcionario es declarado, en el procedimiento disciplinario responsable de un hecho calificado como falta cuya sanción es la destitución.

La jubilación: Constituye un derecho del funcionario público que se materializa con el retiro del ejercicio de la función pública por haber cumplido con los años de servicio y de edad conforme a la Ley.

La invalidez: Representa un estado de incapacidad del empleado que le imposibilita continuar en el ejercicio de la función pública, de conformidad con la respectiva ley.

Por reducción de personal: Debido a limitaciones financieras, cambios en la organización administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o unidad administrativa del órgano o ente.

La reducción de personal debe ser autorizada por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos en los estados o por los concejos municipales en los municipios.

 Por: Jaime Ponce

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