De acuerdo a lo afirmado por Loewenstein (1964:232-234), en el estado de derecho existen dos tipos de controles: Intra órganos e Inter órganos.

El primero hace referencia a los controles que se dan dentro de un mismo órgano del poder público, es decir cuando un conjunto de instituciones o controles funcionan dentro de una misma rama del Poder Público, verbigracia, en el caso del Poder Ejecutivo, tenemos la firma del ministro o los ministros del ramo a las medidas que toma el presidente de la república.

En lo que se refiere a los controles inter órganos, tenemos que los mismos se activan cuando la Constitución establece taxativamente un conjunto de medidas de control jurídico, político y administrativo a las acciones que tomen las distintas ramas del Poder Público, es el caso del poder o mecanismo de disolución del Parlamento que tiene el Ejecutivo frente al Legislativo, el uso del voto de censura que posee el Legislativo frente al primer ministro y cuando el máximo órgano del Poder Judicial de un país declara inconstitucional una Ley aprobada por el congreso y firmada por el Ejecutivo.

Es importante destacar que los controles de poder intra órgano o al interior de un órgano se activan en una democracia cuando las diversas ramas del poder público están organizadas colectivamente y conformadas por diversos miembros: Un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo o gabinete y un Poder Judicial como máximo órgano de administración de justicia en un Estado democrático. Lo antes expuesto, se resume en el principio constitucional de los sistemas de pesos y contrapesos entre los poderes públicos en los actuales Estados sociales de derecho y de justicia.

Controles del parlamento frente al gobierno

En los regímenes de corte parlamentario, el legislativo posee un excelente mecanismo de control del gobierno, cuando por ejemplo se le da un voto de censura al primer ministro o a uno de los ministros del gabinete ejecutivo.

Asimismo (Ibidem: 263-264), destaca que la caída del gobierno a través del voto de no-confianza, es el medio más poderoso del que dispone el Parlamento, para detener las acciones del gobierno y a la vez el control inter órgano más importante.
Ahora bien es necesario señalar, que en los regímenes presidencialistas (Estados Unidos de Norteamérica), el gobierno o Poder Ejecutivo tiene un período fijo para la duración del mandato, por lo que el Parlamento carece de un medio efectivo para interrumpir la gestión de gobierno, a menos que se haga uso del impeachment.
En sentido opuesto, en el caso de Francia, la mayoría parlamentaria tiene la potestad jurídica constitucional de pedir responsabilidad política al gobierno y hacerlo dimitir en cualquier momento. Esto implica que la confianza del órgano Legislativo frente al Ejecutivo y de éste frente a aquél, se basa en un mecanismo de reciprocidad y de complementariedad mutua.
De todo lo anterior, deducimos que el mecanismo de responsabilidad política es el principal bastión de sustento político en un gobierno parlamentario o semipresidencial, a menos que posea una mayoría parlamentaria suficientemente sólida, que le permita manejar los vaivenes de la dinámica política.

Controles del gobierno frente al parlamento

Así como se ha mencionado que el control inter órgano más efectivo que posee el parlamento frente al gobierno es el voto de no-confianza o de censura, tanto en el parlamentarismo como en el semipresidencialismo, también el gobierno posee una arma poderosa frente al parlamento, como mecanismo de disuasión política, que es la disolución del legislativo y el llamado a nuevas elecciones generales para que sea el pueblo, como titular del poder soberano, el que decida a quien va a apoyar. Por lo tanto, la presencia de esa institución se convierte en un mecanismo de equilibrio del gobierno frente al Parlamento.

Es importante destacar (Ibídem, p. 280) que en el parlamentarismo y también en el semipresidencialismo francés, la dinámica del proceso político gira en torno a esas dos instituciones (voto de confianza y disolución del Parlamento) y el efecto más amplio desde que existe la democracia de masas, es obtener el veredicto del electorado que va a ser el árbitro en esta disputa política, entre el Legislativo y el Ejecutivo. Además de resolver esta polémica entre ambos poderes, el gobierno tiene la posibilidad de disolver el parlamento, si considera que la actual composición de los partidos en el órgano Legislativo  no está en concordancia con la voluntad y los deseos del pueblo en ese momento político.

Es decir, que en los sistemas de Gobierno parlamentarios y en los semipresidenciales, la institución del voto de censura, conduce de manera directa a la disolución del parlamento. En este sentido, la sola presencia de este mecanismo de contrapeso político y jurídico y del voto de censura conlleva a un equilibrio de poder por la amenaza latente del uso de estos controles inter órganos, y en el caso del presente aparte, sobre el gobierno.

Por lo tanto, la columna vertebral de la dinámica del poder, en el parlamentarismo y en el semipresidencialismo, es la disolución del Parlamento. Además que la presencia de este mecanismo le da fortaleza al gobierno y su ausencia lo debilita, porque esa competencia que ambos poseen detiene el efecto que tiene el voto de censura y al conjunto de medidas que buscan la caída del gabinete gubernamental.

En vista de lo poderosa que es la institución de la disolución parlamentaria (Ibídem, p.282), la teoría y la práctica constitucional han incorporado un conjunto de medidas de seguridad para evitar que el Ejecutivo se extralimite y abuse al tener la potestad de hacer uso de la misma, por lo que cabe destacar lo siguiente:

1. Está prescrito en la mayoría de las democracias occidentales, periodicidad de elecciones, y plazos para la instalación del Parlamento.
2. Aprobación de la disolución por una o ambas cámaras como en el caso de la Constitución de la V República Francesa o del 4 de Octubre de 1958, previo acuerdo entre el Presidente, el Primer Ministro y los presidentes de ambas Cámaras Legislativas.
3. La nueva disolución no podrá darse por el mismo motivo.
4. No podrá disolverse el Parlamento antes o después de un plazo mínimo posterior a las elecciones.
5. Obligación de consulta al Jefe de Gobierno (primer ministro en el caso del semipresidencialismo), por parte del presidente o jefe de estado, sin que ello implique el requisito del visto bueno, por parte de aquél.

De lo antes expuesto, se deduce que las condiciones anteriores son una suerte de combinación de controles inter órganos e intra órganos que buscan limitar el uso de la competencia del gobierno, tan poderosa y disuasiva, como es la disolución del parlamento.

Finalmente tenemos que en la Constitución de la V República Francesa del año 1958 (Ibidem, p.283), se establece que la potestad de disolución es un acto privativo y discrecional del presidente de la república (jefe de estado), tendrá que ser consultado con el primer ministro (jefe de gobierno), y con los presidentes de ambas cámaras del legislativo, sin requerir necesariamente a la aprobación de estas instituciones.

Por Carlos Villegas

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