El presidencialismo en América Latina (Ayala, 1992, p.27) es una institución que toma como referente al sistema gubernamental de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, debido a que las antiguas colonias españolas y portuguesas necesitaban institucionalizar una forma de gobierno republicana. Sin embargo, el presidencialismo que se adoptó en estas tierras fue influenciado y modificado por la tradición monárquica y absolutista, evolucionando hacia uno de corte más autoritario y personalista.

Como complemento de lo antes expuesto, Nohlen y Fernández (1998, pp. 111) señalan que el presidente en América Latina es una suerte de monarca electo democráticamente, representado por el Jefe de Estado y de Gobierno, a los fines de mantener el control necesario del poder central y mantener la unión de las diferentes entidades federales ante una sola autoridad. Asimismo, tenemos (Ibídem, p.113) que el presidencialismo en Latinoamérica se caracteriza, desde sus inicios en el siglo XIX, por una declaración de control del Gobierno por parte del Legislativo como parte del orden constitucional. Pero que, en la práctica no se dio, debido a la anarquía y el caudillismo, muy propio de esa centuria, unido a la debilidad institucional de las nacientes Repúblicas, provocando el reforzamiento en la práctica de los poderes del Ejecutivo hacia el autoritarismo y el personalismo. Todo esto con la finalidad del logro de objetivos nacionales por parte de las nuevas Repúblicas, como es el caso de los procesos de integración y soberanía territorial y estructuración de un sistema económico que pudiese engranarse al capitalismo mundial.

Como ejemplo de estos procesos autoritarios, tenemos lo acontecido el 24 de Enero de 1848 en Venezuela, donde el Presidente José Tadeo Monagas fue citado por las Cámaras del Congreso de la época con el firme propósito de cumplir con sus funciones de control parlamentario sobre el Ejecutivo, resultando en un ataque armado a la legislatura por parte de las fuerzas del orden del Gobierno, lo que trajo como consecuencia el debilitamiento del Poder Legislativo y el consecuente fortalecimiento del Poder Ejecutivo, a quien inclusive, le fueron concedidos poderes especiales para contrarrestar cualquier alteración del orden público. Caso similar al de Juan Vicente Gómez en el siglo XX, a quien el Legislativo, el Judicial y los miembros de los Congresos o comisiones constituyentes de la época, le modificaban la Constitución y leyes del país, de acuerdo a los caprichos del representante del Poder Ejecutivo quien a su vez ejercía funciones de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales.

En lo que respecta a las características de esta forma de Gobierno en Latinoamérica, tenemos, de acuerdo a Ayala (1998, pp.28-29), lo siguiente:

1. Situación de desequilibrio en la práctica, a favor del Poder Ejecutivo, lo que ha traído como consecuencia un fenómeno de preponderancia presidencial y por ende de sumisión de los otros poderes públicos hacia aquél.
2. Tendencia a personalizar el poder (personalismo) en el Presidente de la República, lo cual es el resultado de cierto grado de inmadurez política de las élites nacionales, del electorado y de una marcada debilidad institucional.
3. Manipulación del Legislativo por parte de los Presidentes, a través de factores políticos electorales (Mayoría del partido oficialista en el Legislativo), además de la posibilidad de pagar y cobrar favores a través de prácticas que riñen contra la ética del ejercicio de la Política, como el clientelismo, el chantaje y desprestigio del aparato gubernamental, a la independencia institucional de los otros poderes, cuando las decisiones u opiniones no son favorables a sus criterios o visiones del hecho político.
4. Necesidad de adaptabilidad a los requerimientos, cambios y contradicciones de sociedades como las latinoamericanas, las cuales todavía se encuentran en su gran mayoría en vías de desarrollo, plagadas de problemas acumulados desde su independencia de las coronas españolas y portuguesas, como la justa distribución de la riqueza, carencia de servicios públicos efectivos y eficientes y los problemas de desarrollo industrial, entre otros y
5. El otorgamiento al Presidente de Poderes especiales para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley, en materias propias del legislativo, y que en algunos casos tocan lo que se conoce como la reserva legal, así como en materia económica y financiera, lo que implica en la práctica la abstención por parte del Parlamento de legislar en las materias objeto de la delegación al Ejecutivo, lo cual no sucede en el modelo presidencial de los Estados Unidos de América.

En resumidas cuentas, la figura del Presidente latinoamericano, desde el punto de vista constitucional, se diferencia del norteamericano principalmente por el conjunto de competencias que aquél no posee, especialmente en lo correspondiente a competencias legislativas. Esto último unido a lo característico de la figura en América Latina, la cual está cargada de personalismo, autoritarismo y subordinación de todos los poderes del Estado a los criterios del Ejecutivo.

Por Carlos Villegas

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