El Presidente Nicolás Maduro propuso en agosto de 2017 ante la Asamblea Nacional Constituyente ocho leyes que consideró de vital importancia para solucionar el problema económico de los últimos años en Venezuela (2015, 2016, 2017)

Estas ocho leyes se encuentran dirigidas principalmente a solventar el problema de la inflación, sancionar a los especuladores y fijar los precios máximos en productos, bienes y servicios esenciales.

El objetivo principal de cada una de estas leyes son las siguientes:

1-. Ley de abastecimiento Soberano y precios acordados: Su objeto principal es la fijación de precios máximos en venta al público en 50 productos y servicios esenciales tales como harina, leche, pan, mayonesa, mantequilla, mortadela, atún, Pollo, queso blanco, entre otros, los cuales se consideran de primera necesidad.

2-. Ley de los Consejos Locales de Abastecimiento y producción (CLAP): Regular su constitución, funcionamiento y la organización de las instancias de agregación y participación y organizaciones de base del Poder Popular, para asegurar la producción, abastecimiento y distribución de los alimentos y productos.

3-. Ley de Promoción y Protección de la Inversión extranjera: Esta Ley tiene por objeto establecer las políticas y procedimientos que regulan las inversiones extranjeras directas de bienes y servicios con el fin de promover un aporte productivo y diverso de origen extranjero que contribuya a desarrollar las potencialidades productivas existentes en el país, favoreciendo la seguridad jurídica a la inversión.

4-. Ley para la regulación y funcionamiento de las casas de cambio: Para regular el acceso de las divisas extranjeras convertibles al mercado venezolano.

5-. Ley del régimen tributario para el desarrollo soberano del arco minero: Tiene por objeto establecer un régimen especial tributario en materia de impuesto sobre la renta, aplicable a los enriquecimientos netos de fuente territorial obtenidos de la venta de oro al Estado venezolano, extraído en la zona de desarrollo denominada “Arco Minero del Orinoco”.

6-. Ley de impuesto a las garantías patrimoniales: Esta ley permitirá pechar a los grandes patrimonios procedentes de las grandes fortunas generadas por el ataque al sistema económico nacional.

7-. Ley del régimen especial tributario para la protección social del pueblo: Esta normativa crea la unidad punitiva tributaria que perseguirá los delitos cometidos en el campo económico contra el pueblo.

8-. Ley para la creación del consorcio agro alimentario del sur (Agrosur): Tiene por objeto crear un conglomerado agrícola denominado AGROSUR, integrado por las empresas del sector agrícola. Esta asociación tendrá por finalidad la planificación y ejecución de la producción, industrialización, comercialización y financiamiento de bienes y servicios del sector agrícola.

Todas estas leyes fueron debatidas por la Asamblea Nacional Constituyente durante el periodo noviembre 2017 – febrero 2018. Sin embargo,  las propuestas de Ley promovidas por el Ejecutivo Nacional no fueron aprobadas en su integridad.

Entre las leyes que ni siquiera llegaron a debatirse se encuentran: La Ley para la regulación de las casas de cambio y la ley de impuesto a las garantías patrimoniales.

En su lugar, se propuso ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente la Ley Contra la Guerra Económica y la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores, las cuales fueron consideradas y aprobadas recientemente.

Finalmente, hasta el momento de publicarse este artículo, el Poder Constituyente aprobó un total de ocho leyes en el campo económico otorgandole rango constitucional, estas legislaciones son las siguientes:   

  1. Ley Constituyente que crea el conglomerado “Agrosur”.
  2. Ley Constitucional de Precios Acordados.
  3. Ley Constitucional sobre la creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria.
  4. Ley Constitucional del Régimen Tributario para el Desarrollo Soberano del Arco Minero.
  5. Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva.
  6. Ley Constitucional del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
  7. Ley  Constitucional de los Consejos Productivos de Trabajadoras y Trabajadores.
  8. Ley Constitucional Contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad en la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras Públicas. 

Por: Jaime Ponce

jaimeponceve@gmail.com

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